Asambleas ambientales pidieron una cautelar para frenar la Autovía de Punilla

Asambleas ambientales pidieron una cautelar para frenar la Autovía de Punilla

   Representantes legales de Asambleas Ambientales pidieron ante la Justicia la impugnación de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto para la construcción del primer tramo de la Autovía de Punilla, al tiempo que solicitaron una medida cautelar para frenar cualquier avance en la ejecución de las obras.

   Puntualmente, los abogados/as Marcela Fernández y René Amsler solicitaron ante la Cámara Contencioso-Administrativa de Segunda Nominación de la Ciudad de Córdoba que revoque la “licencia ambiental” otorgada a esta megaobra por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba, al advertir que el proceso tuvo “falencias” e “irregularidades” en su desarrollo, así como en el acceso a la información y a la participación ciudadana.

   “Solicitamos se revoque la licencia ambiental otorgada mediante resolución 192 dictada por la Secretaría de Ambiente el 12 de julio y publicada en Boletín Oficial el 24 de agosto por adolecer de vicios que la tornan nula de nulidad absoluta (…) Asimismo, solicitamos se dicte en forma urgente una medida cautelar, consistente en una medida de no innovar hasta resolver la cuestión de fondo, para no tornar abstracto el resultado y evitar el daño ambiental que significa esta obra”, indicó la presentación, de 94 páginas de extensa argumentación.

   El texto advierte que el proyecto aprobado “se refiere a un tramo parcial de una obra vial que debiera considerarse en su integralidad, que implica desmonte de bosque nativo de máxima categoría de protección” y que “no contempla las exigencias de Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo”, es decir un estudio que mida el impacto de la obra a largo plazo y contemple los derechos de generaciones futuras. A pesar de ello, se advierte que “la Secretaría de Ambiente no ha planteado objeción alguna, sino que por el contrario la aprueba reconociendo dichas deficiencias”.

   “El proyecto fue cuestionado por el 90% de los asistentes a una audiencia pública virtual que se desarrolló durante casi un mes y fue aprobado no obstante las objeciones y las restricciones ilegales a los derechos a la información y participación ciudadana, mediante una resolución insuficiente (…) La tutela judicial efectiva de los bienes comunes y los derechos de acceso a la información y a la participación ciudadana, se verían afectados irremediablemente de avanzarse en el trámite administrativo tal como está planteado”, indico el documento.

   En la presentación, además, los abogados dejaron formalmente planteada la reserva del caso federal para concurrir en caso de un fallo adverso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario, teniendo en cuenta que están en juego en este caso la aplicación de artículos de la Constitución Nacional, leyes nacionales y normas de tratados internacionales aprobados por nuestro país.

   Texto completo aquí: https://bit.ly/3Eo97D9